El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha sido el encargado de anunciar que se ha aplazado la votación de la ley, que había sido programada para el martes día 24 de enero.
El presidente republicano de la Cámara de Representantes del Comité Judicial, Lamar Smith, también ha apoyado el aplazamiento de la votación, asegurando que lo mejor sería mantener la aprobación de la ley en suspenso hasta que hubiese un mayor consenso sobre la legislación.
"Está claro que tenemos que revisar el enfoque sobre la mejor manera de abordar el problema de los piratas extranjeros que roban y venden invenciones y productos estadounidenses", ha comentado Smith en un comunicado.
En concreto, la ley SOPA y la ley PIPA tienen como objetivo frenar el acceso a sitios web extranjeros que trafiquen con el contenido de productos pirateados y falsificados, tales como películas y música. Pero el apoyo a la legislación se ha erosionado en los últimos días debido al temor de que los sitios web legítimos podría verse afectados.
La industria del entretenimiento quiere una legislación para proteger sus películas y su música de los falsificadores, pero las empresas de tecnología consideran que estas leyes socavan las libertades en Internet y aseguran que su aplicación sería difícil y animaría a la realización de acciones frívolas.
El pasado miércoles 18 de enero las protestas cubrieron Internet. Empresas como Wikipedia y otros sitios populares cerraron o mostraron mensajes en contra durante 24 horas. Google, Facebook, Twitter y otros servicios se sumaron a las protestas por la legislación propuesta, pero no cerraron.
LEY APLAZADA PERO NO DESCARTADA
En un breve comunicado, Reid ha asegurado que no hay ninguna razón para pensar que la ley no se conseguirá aprobar. Sin embargo, por el momento no ha ofrecido ninguna fecha alternativa a la propuesta en un principio, el 24 de enero.La propuesta de aplazamiento de Reid se ha producido un día después de que un asesor demócrata, que habló bajo anonimato, dijese que la medida carecía de los 60 votos necesarios para eliminar uno de los obstáculo de procedimiento del Senado. Algunos senadores que habían promovido la legislación redujeron su apoyo ante las protestas del miércoles 18.
Reid ha expresado su esperanza de que el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, quien ha estado guiando al proyecto de ley en el Congreso, pueda ayudar a resolver las diferencias en la legislación. "Soy optimista en que podemos llegar a un acuerdo en las próximas semanas", ha confirmado Reid.
Por su parte, Leahy ha comentado en un comunicado que se había comprometido a hacer frente a la piratería online y que espera que otros miembros del Congreso trabajen con él para conseguir una ley firmada en este año.
"Llegará el día en el que los senadores que se vieron obligados a este movimiento miren hacia atrás y se darán cuenta de que tuvieron una reacción instintiva a un problema monumental", ha comentado.
Lo que faltaba...
"EEUU podría iniciar demandas individuales contra usuarios de Megaupload en ese país"
El cierre de Megaupload
es un asunto que arrastrará una larga cola de consecuencias legales.
Más allá de que el servicio ya no exista y los usuarios tengan muy
difícil reclamar la devolución de sus archivos personales, las
autoridades en EEUU podrían poner en marcha una cadena de denuncias contra usuarios del servicio en ese país, que incurran en delitos contra la propiedad intelectual o de otra índole.
"En este momento los servidores están bloqueados y a disposición del juzgado. Tendrán que ser ellos los que determinen qué sucede con los archivos", señala David Maeztu, abogado especializado en propiedad intelectual en Internet. "La información contenida en los ordenadores de Megaupload son ahora pruebas periciales para sustentar la investigación y conocer si hay delito. Que los usuarios recuperen los archivos es prácticamente imposible ahora", remarca.
De hecho, las autoridades estadounidenses podrían iniciar demandas individuales contra usuarios que almacenaran en la nube de Megaupload archivos que pudieran incurrir en delitos contra la propiedad intelectual o de otra índole. "En función de los archivos que tuvieran almacenados los usuarios podrían iniciarse acciones civiles contra ciudadanos de ese país", aclara Maeztu. "Pero no es probable que estas acciones se extiendan a otros países como España, ya que chocaría con un problema del derecho a la privacidad".
La situación de las cuentas de la empresa de Megaupload en este momento es de bloqueo y embargo. "Los denunciantes contra Megaupload reclaman una indemización de 500 millones de dólares y las cuentas incautadas apenas reúnen unos 50 millones", añade este abogado. Los usuarios que pagaban por servicios de Megaupload podrían reclamar a la compañía, pero "será el juzgado el que determinará los sujetos y las cuantías de las indemnizaciones y primero estarán los demantantes, antes que los clientes", sentencia Maeztu.
Paypal, la pasarela de pago por la que se abonaban la mayoría de los servicios de Megaupload, ya ha aclarado que la compañía no es responsable de devolver los importes abonados ya que su política de protección del comprador "no cubre los pagos por artículos intangibles, servicios o licencias y cualquier otra forma de acceso a contenidos digitales".
"En este momento los servidores están bloqueados y a disposición del juzgado. Tendrán que ser ellos los que determinen qué sucede con los archivos", señala David Maeztu, abogado especializado en propiedad intelectual en Internet. "La información contenida en los ordenadores de Megaupload son ahora pruebas periciales para sustentar la investigación y conocer si hay delito. Que los usuarios recuperen los archivos es prácticamente imposible ahora", remarca.
De hecho, las autoridades estadounidenses podrían iniciar demandas individuales contra usuarios que almacenaran en la nube de Megaupload archivos que pudieran incurrir en delitos contra la propiedad intelectual o de otra índole. "En función de los archivos que tuvieran almacenados los usuarios podrían iniciarse acciones civiles contra ciudadanos de ese país", aclara Maeztu. "Pero no es probable que estas acciones se extiendan a otros países como España, ya que chocaría con un problema del derecho a la privacidad".
Reclamaciones
Diferentes asociaciones de consumidores y grupos de internautas señalaban esta mañana que los usuarios de los servicios de Megaupload podían reclamar a las autoridades la devolución de sus archivos. "Los usuarios pueden remitir un escrito al tribunal pidiendo que éste ponga a su disposición sus archivos personales", asegura Maeztu, que además ve poco probable que el juzgado responda a dichas peticiones, debido al enorme número que recibirían. Todo apunta a que lo más seguro es que los archivos acaben desapareciendo si los detenidos son condenados o si el servicio vuelve a estar activo alguna vez, tras una absolución, podrían volver a estar disponibles, "pero pasarán muchos años, seguramente".La situación de las cuentas de la empresa de Megaupload en este momento es de bloqueo y embargo. "Los denunciantes contra Megaupload reclaman una indemización de 500 millones de dólares y las cuentas incautadas apenas reúnen unos 50 millones", añade este abogado. Los usuarios que pagaban por servicios de Megaupload podrían reclamar a la compañía, pero "será el juzgado el que determinará los sujetos y las cuantías de las indemnizaciones y primero estarán los demantantes, antes que los clientes", sentencia Maeztu.
Paypal, la pasarela de pago por la que se abonaban la mayoría de los servicios de Megaupload, ya ha aclarado que la compañía no es responsable de devolver los importes abonados ya que su política de protección del comprador "no cubre los pagos por artículos intangibles, servicios o licencias y cualquier otra forma de acceso a contenidos digitales".
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